Justicia YA! La Plata
23 de diciembre de 2012
LAS COSAS POR SU NOMBRE: GENOCIDIO
Para quienes pasaron por los centros clandestinos de detención (CCD) de la última dictadura, poca duda puede haber de lo que allí se consumó fue un genocidio. El secuestro, la tortura, las violaciones, el asesinato, la desaparición, el robo de los hijos configuran el horror mismo, que fue implementado para imponer un sistema político y económico de entrega. Dejar a un puñado de sobrevivientes, de aquellos que transitaron la muerte en los campos de exterminio, tenía una finalidad precisa: aterrorizar, inocular el terror en nuestro pueblo, rompiendo los lazos solidarios que durante décadas se habían creado, permitiendo que la desconfianza fuera la que tejiera nuevos hilos. Vencer ese mandato de los perpetradores fue parte de la resistencia, pero también lo fue cumplir con otro mandato: el de aquellos que no pudieron salir de los campos, el de nuestros compañeros. Ser su voz se convirtió en un deber. Denunciar lo que había sucedido y señalar a cada uno de los responsables fue la responsabilidad asumida en estos más de treinta años por amplios sectores de nuestro pueblo que lucharon y luchan contra la impunidad.
Luchamos contra la impunidad consagrada en forma de ley. Logramos la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, llegamos al primer juicio desde la reapertura de las causas: el que sentó en el banquillo al ex comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz. En los alegatos de ese juicio, desde Justicia YA!, reclamamos que se reconociera que en la Argentina se perpetró un genocidio. Antes de escuchar la sentencia, escuchamos las críticas de aquellos que decían que con nuestro reclamo poníamos en peligro los juicios, que las causas podían caerse, que había que contentarse con unos pocos juicios fragmentados que ocultaban la dimensión de la matanza, que había que jugar con las pocas cartas que el sistema arrojaba. Sabíamos que la dictadura había intentado «reorganizar» toda la estructura social, destruyendo parcialmente al grupo nacional argentino, no encontrábamos otro nombre para ello que GENOCIDIO.
Desde ese 2006 que logramos la condena a prisión perpetua a Etchecolatz, insistimos en cada tribunal que se reconociera y sancionara el proyecto genocida de la última dictadura. Después de estos seis años de lucha, en el juicio que se siguió contra 26 represores del circuito Camps, escuchamos a las otras partes querellantes aunarse en el mismo reclamo. Y por fin escuchamos el miércoles 19 al Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de la Plata, presidido por el Dr. Carlos Rozanski, decir que las conductas de los 23 imputados, «al dirigirse inequívocamente al exterminio de un grupo nacional, importan la comisión del delito internacional de genocidio» y que por ello correspondía la condena por ese delito. La sala estalló en un grito liberador. Aplaudimos, lloramos, sentimos que al fin los tribunales empezaban a hacerse eco de lo que el pueblo gritaba hace décadas. Porque ahora sí, en el país, en el que en la calle se les grita a los perpetradores «genocidas», los jueces dicen que lo son. Y lo dicen porque luchamos y probamos que así lo es.
La sentencia del miércoles pasado fue un reconocimiento judicial de lo que es una verdad popular. Logramos que el TOF ordenara a los jueces de instrucción investigar los delitos sexuales en los CCD, el accionar de las jerarquías de la Iglesia católica y de la corporación judicial y el rol de los civiles, piezas imprescindibles para la construcción de décadas de impunidad en nuestro país. También que exhortara a los poderes ejecutivos de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires para que se desafecten las dependencias policiales que fueron CCDs y que sean destinados como sitios de memoria. Conseguimos que 16 genocidas fueran condenados a prisión perpetua, que al médico torturador Jorge Antonio Bergés fuera sentenciado a 25 años de cárcel, que se revocaran las domiciliarias de los represores y que se condenara a un civil: Jaime Lamont Smart, el ex ministro de gobierno bonaerense. La sentencia significó una instancia de reconocimiento, de conquista y de puesta en evidencia de todo lo que falta por hacer. Los juicios no pueden estar en su etapa de cierre, como afirma el actual secretario de DDHH Martín Fresneda, sino todo lo contrario. Falta mucha justicia que construir y mucha impunidad que deconstruir: la apertura de los archivos de la dictadura, la restitución de la identidad de los hijos de nuestros compañeros y compañeras que fueron apropiados en los CCD.
Todos estos años de lucha llevaron a que consiguiéramos una condena ejemplar e histórica. El reconocimiento judicial del genocidio perpetrado en nuestro país nos reafirma en la lucha por conseguir la condena a todos los genocidas y en buscar la justicia por todos los compañeros/as detenidos- desaparecidos. Ése fue el compromiso de Julio López al declarar contra Etchecolatz. Ése fue el compromiso de Adriana Calvo, que con su testimonio valiente y su lucha inclaudicable, demostró que la verdad y la justicia no transitan por carriles separados. Ése es nuestro compromiso.
30 mil compañeros detenidos-desaparecidos: ¡PRESENTES!
Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD); Central de Trabajadores Argentinos (CTA) La Plata-Ensenada.; Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Colectivo de Abogados La Ciega; Insurrectos- Trabajo Social (UNLP); Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); HIJOS La Plata; Unión por los Derechos Humanos, La Plata, integrantes de Justicia YA! La Plata
Hoy miércoles 19 de Diciembre del 2012, en escasas seis horas, el Tribunal Federal Oral Criminal Nº1 hará lectura de la sentencia que muy posiblemente encarcelará a 23 represores.
El juicio comenzó el 12 de Septiembre del 2011, y desde COB La Brecha hemos participado desde diferentes espacios: lxs compañerxs de La Ciega forman parte de la querella en Justicia Ya!, han analizado, estudiado y se han puesto al frente de la acusación contra los genocidas; por otro lado desde el Colectivo de Trabajo Periodismo hemos realizado una cobertura de prensa que, a través del blog, se ha sostenido durante todo el proceso judicial junto a compañeros de la Facultad, y fue uno de los muy pocos medios en el país que informaban sobre lo sucedido.
También participamos del espacio Multisectorial de la zona La Plata, Berisso y Ensenada donde se intentó mantener algunas actividades que mantienen la memoria viva en la ciudad, como las históricas movilizaciones por Jorge Julio López, y también se realiza esta convocatoria para realizar una radio abierta y un acto afuera del Tribunal que juzgará esta tarde a los 23 asesinos. Por eso hoy reproducimos el comunicado unificado de la Multisectorial.
Y, por último, hacemos nuestras las palabras de lxs compañerxs de a Ciega: «Este miércoles se condensará más de un año de trabajo arduo y por eso llamamos a todxs los que luchamos contra la impunidad de ayer y de hoy, a que nos acompañen, para que estos genocidas sepan que desde abajo y a la izquierda nos levantamos para retomar las banderas de lucha de nuestros 30.000 compañerxs desaparecidxs, por un mundo sin explotación ni opresiones de ningún tipo!»
A continuación reproducimos el análisis del juicio que se realizó desde la Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada:
Fragmentación = impunidad
El denominado “Circuito Camps” fue el esquema represivo que la última dictadura desarrolló en 14 partidos del Conurbano bonaerense y La Plata. Contó con al menos 29 Centros Clandestinos de detención donde actuaron miles de represores de la Policía de la Provincia, encabezada por Ramón Camps y bajo el mando del Comando del Primer Cuerpo del Ejército.
La acumulación de causas que se está juzgando en La Plata es denominada como “Circuito Camps” porque, si bien en el ’86 hubo una primera causa “Camps” o “Causa 44”, que juzgó sólo a 7 represores que recibieron condenas mínimas y luego beneficios de impunidad, es la denominación que más se acerca a un grupo de causas de esta característica.
Sabemos que nunca se juzgó el “Circuito Camps” en su totalidad, pero la nueva “Causa Camps” es la más extensa de las llevadas a juicio hasta el momento en nuestra ciudad, e investiga 280 casos de secuestros, torturas, homicidios y apropiaciones de niños cometidos en los CCD Comisaría Quinta (diagonal 74 entre 23 y 24), la Brigada de Investigaciones de La Plata (55 Nº 530, entre 13 y 14), el Destacamento de Cuatrerismo de Arana (137 esquina 640), el Puesto Vasco (subcomisaría de Don Bosco, Quilmes), el COTI 1 Martínez (Avenida del Libertador al 14.200, Martínez, San Isidro), en la masacre de la casa Mariani-Teruggi (Calle 30 Nº 1134 55 y 56) y un caso de la Brigada de San Justo.
A 9 años y 3 meses de caídas las leyes de impunidad gracias a la lucha popular, el Estado argentino sólo efectivizó 79 juicios orales con sentencia en todo el país. Allí fueron procesados 401 imputados, donde hubo 294 condenados (algunos represores en varias causas), 41 absoluciones y 4 muertos impunes mientras duraba el proceso, por un universo de 1764 víctimas. Esto quiere decir que sólo alrededor del 20 % del total de los 1.800 procesados desde 2003 fue condenado, y en la mitad de los casos con sentencias menores al máximo de la pena. Ese 20 % de condenados es una farsa de justicia que relativiza la pretendida sanción reparadora de los crímenes que el mismo Estado cometió hace 36 años.
El esquema de juzgamiento que el Estado propone incluye sólo las responsabilidades de los altos jefes del mando militar o policial o bien de represores identificados hace años, pero no contempla a la totalidad de los genocidas que actuaron en cada CCD, ni mucho menos a la totalidad de víctimas que por ellos pasaron. Esta forma de desarrollar los juicios está agotada, lo que puede verificarse en el grave el retroceso de la tendencia de juzgamiento, que venía creciendo desde 2009 y superó las 2 docenas de juicios por año, y está estancada desde 2011 en 20 procesos con condena por año.
En La Plata, hasta la sentencia en “Circuito Camps”, sólo 20 represores fueron condenados desde la reapertura de las causas. Cifra poco representativa para una zona represiva que contó con al menos 12 CCD coordinados tanto por la Bonaerense como por Ejército, la Armada y agentes civiles de Inteligencia o de grupos paraestatales como el CNU.
Es clara la necesidad de mayor acumulación de los procesos hacia juicios por CCD o Circuito completos. Pensemos que Arana, Brigada y 5ta ya tienen 3 causas residuales, que forman parte de los 20 procesos en instrucción que hay sobre unos 80 represores más a la espera de ser juzgados. Ni siquiera eso es representativo del “Circuito Camps”.
Testigos, secuestros y revictimización
Los casos de sobrevivientes del Terrorismo de Estado amedrentados o directamente secuestrados para detener en el avance de las causas contra los genocidas nunca ha cesado. Demás está aclarar que ninguno de esos hechos ha sido investigado debidamente y todos continúan impunes.
No es sólo el caso de Jorge Julio López, quién inauguró 30 años después de iniciada la última dictadura la categoría de ex detenido-aparecido-desaparecido.
En diciembre de 2006 se dio el caso de Luis Geréz, testigo en una de las causas contra el represor Luis Patti, secuestrado durante 2 días en Escobar y aparecido en Garín con signos de tortura. En mayo de 2008 fue secuestrado Juan Puthod, ex detenido en varios CCD en dictadura y militante de la Casa de la Memoria de Zárate, reaparecido 30 horas después sin intervención policial.
La causa por el asesinato de Silvia Suppo, ex detenida y querellante en varias causas contra los genocidas en Santa Fe, naufraga en la intencionada hipótesis policial del homicidio en ocasión de robo, mientras se oculta que gracias a su testimonio se logró condenar a seis represores en la provincia 3 meses antes del hecho. Y el secuestro y encierro por 2 días de Víctor Martínez, testigo presencial en julio de 1977 del asesinato (en un fingido accidente en la ruta) del obispo de San Nicolás Carlos Ponce de León, llevó esta modalidad a las calles del centro porteño en abril de 2011.
Este año hubo una tardía y tibia propuesta de la Cámara de Casación Penal, que prometió en la resolución N°20/2011 sobre testigos víctimas “arbitrar los medios necesarios para disminuir y/o evitar cualquier agravamiento en la condición psicológica de las víctimas”. Como consecuencia, la promocionada Acordada N°1 de 2012, habilitó medidas tan elementales como la posibilidad de reproducir en audiencia testimonios de otros juicios en soportes audiovisuales, sustituir el testimonio en persona por soporte audiovisual o por escrito, evitar divulgar datos personales de las víctimas y testigos, y no utilizar agentes de seguridad para notificarlos. En realidad estos conceptos sólo sugieren a los Tribunales un ideal de acción en cuestiones formales, sobre todo para acelerar los debates orales, cuestiones que si bien son importantes, no alcanzan para romper la estructura de impunidad que la propia instrucción infinita y fragmentada de las causas termina imponiendo como realidad.
Pero quien piense que la modalidad represiva del secuestro y desaparición como amedrentamiento terminó con la dictadura del ’76, o se reduce a los declarantes de las investigaciones reabiertas en esos casos, se equivoca. Alfonso Severo, testigo en el juicio por Mariano Ferreyra, fue secuestrado en octubre pasado. Su aporte a la investigación del caso es la denuncia del sitio, el manejo y la modalidad con que la patota de Pedraza guardaba y utilizaba armas. Pero no fue el primer testigo amedrentado en la causa de Mariano. El lunes una semana antes, José “Cacho” Andino, militante del Movimiento Teresa Rodríguez, denunció haber sufrido amenazas en Florencio Varela un día antes de declarar como testigo, ya que estuvo presente en la movilización de Barracas en el momento del ataque de la patota y es uno de los pocos testigos presenciales que vio que la patota tenía un arma larga. Ese dato sirvió para determinar que el día que mataron a Mariano hubo más armas que las que contempla el juicio.
Además, no podemos dejar de mencionar que durante los 9 años y medio de gobierno Kirchnerista, fueron secuestradas y desaparecidas por el aparato represivo del Estado, al menos 67 personas, entre los que se encuentran Mario Golemba (Misiones-2008), Luciano Arruga (La Matanza-2009), Daniel Solano (Choele Choel-2011) y Facundo Rivera (Córdoba-2012).
Porque estamos convencidos de que es imposible que el Estado proteja a los testigos si es socio de los criminales investigados, porque sabemos que la única protección posible es que los represores, torturadores, asesinos, cómplices y mafiosos de ayer y de hoy estén en la cárcel.
Porque 300 genocidas condenados en 9 años de juicios no es justicia, porque 3.700 jóvenes asesinados por el gatillo fácil no son excesos, porque 66 personas asesinadas por la represión directa a manifestaciones no son excepciones, y porque 196 desaparecidos por razones políticas y sociales no es democracia.
Impunidad biológica, la nueva impunidad
Durante este juicio pusimos en debate la lentitud con que se avanzaba el proceso de las audiencias, dejando pasar horas en los cuartos intermedios y pasando las audiencias de muchos lunes y martes para las semanas siguientes. Así durante todo un año y medio el proceso judicial se realizó con tan poca celeridad que tres de los acusados murieron durante el juicio. Primero fue Rubén Paéz en febrero, uno de los jefes del Centro Clandestino de Detención de la Brigada de Investigaciones de La Plata; en mayo murió Alejandro Arias Duval, quien fue titular del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército, también fue reconocido en Comisaría Quinta. La muerte de Ibérico Saint Jean en octubre pasado confirmó al proceso “Circuito Camps” como el juicio con mayor cantidad de represores muertos impunes durante las audiencias. Estos tres genocidas, además, estarán ausentes en los juicios que se harán en la ciudad: “La Cacha” (Saint Jean y Arias Duval) y “Pozo de Banfield” (Saint Jean). A más de 9 años de caídas las leyes de impunidad son 314 los genocidas procesados muertos impunes contra 294 condenados. En este juicio cuya etapa de instrucción se inició hace 10 años ya hay 14 muertos a los que no podremos condenar.
Domiciliarias:
Un informe de 2011 de la Unidad Fiscal de coordinación y seguimiento de las causas contra los genocidas (dependiente del MPF) confirma que cuatro de cada diez represores procesados están excarcelados, es decir el 42 % de los 1800 encausados, cerca de 800 genocidas están procesados pero sin prisión preventiva.
Y agrega que el 40 % de los represores detenidos en estas causas tienen prisión domiciliaria. Esto es cerca de 400 genocidas. Mientras tanto miles de jóvenes pobres pasan más de dos años presos en cárceles donde existen las mismas prácticas que durante la dictadura, con la preventiva, sin tener acceso ni a un juicio.
Al comenzar el juicio, desde la querella de Justicia Ya! se exigió el fin de las prisiones domiciliarias para todos los acusados que se estaban yendo a sus casas libremente después de cada audiencia. Recién en Agosto de este año y luego de ampliar las acusaciones logramos que se revocaran la mayoría de las domiciliarias así fue que a 36 años Jaime Smart y Saint James cayeron presos por primera vez.
Genocidio
El poder dominante argentino en los 70` intentó borrar de raíz toda la acumulación política del pueblo argentino en experiencia organizativa y política. Los crímenes juzgados en este juicio fueron parte de un proceso más amplio que vivió la Argentina, un plan sistemático, ya probado y cuyas consecuencias planificadas de impunidad alcanzan al día de hoy y tienen como resultado no sólo las amenazas a testigos, abogados y jueces, sino la desaparición de JORGE JULIO LÓPEZ, hasta la fecha impune. No fueron delitos aislados sino que son parte de un plan sistemático de exterminio: un genocidio que se llevó a cabo como parte de un proyecto económico, político y social que tenía como objetivo cambiar la estructura del país, disciplinar y aumentar la explotación de la clase trabajadora, muestra de lo cual es que a un año de implantada la dictadura de Jorge Rafael Videla y su ministro José Alfredo Martínez de Hoz, los salarios reales sufrieron una de las mayores caídas de la historia nacional. Esto, a la vez que al mismo ritmo se redoblaban las ataduras con los países imperialistas. En pos de ese objetivo es que las Fuerzas Armadas y de Seguridad, auspiciadas, alentadas y sostenidas por otros sectores como el gran empresariado, la iglesia y jueces fueron la herramienta para aniquilar a otro grupo nacional. Afirmamos que una práctica social genocida es tanto aquella que colabora en el desarrollo del genocidio como aquella que lo justifica ideológicamente, sin embargo seguimos sin lograr que todos aquellos sectores culpables del genocidio sean juzgados.
Seguir mirando los procesos históricos en forma parcializada, simplista o directamente justificadora del plan de exterminio como se ha hecho desde el poder llevó a que a casi 30 años de terminada la dictadura, tengamos una ínfima cuota de justicia
Apropiación: el delíto que se continúa cometiendo
En el juicio se trataron los secuestros de 18 mujeres embarazadas, que tuvieron sus partos durante el cautiverio. En varios de los casos estos hijos fueron apropiados y hasta hoy no se les ha devuelto su verdadera identidad, entre estos los casos tratados en este juicio el de Ana Libertad, hija de Héctor Baratti y Elena de la Cuadra, Clara Anahí (hija de Diana Teruggi y Daniel Mariani), y otro que culpa del desguace no llegó a ser juzgado ya que es parte de la causa Quilmes es la hija de Silvia Isabella Valenzi y de Carlos López Mateo. Estas tres niñas así como cientos más que nacieron en cautiverio, continúan impunemente desaparecidas y apropiadas sin conocer su verdadera identidad.
En otros casos los hijos pudieron ser recuperados. El 15 de Abril de 1977, atada de pies y manos de un vehículo que se trasladaba hacia Pozo de Banfield, Adriana Calvo tuvo su parto; con el cordón umbilical colgando durante un lago rato, Teresa Mariana Laborde, con pocos minutos de vida yacía tendida en el piso del auto. A sus 35 años, su testimonio escalofriante se hizo eco en el juicio.
Compañera Adriana Calvo
presente
30.000 compañeros detenidos desaparecidos ¡presentes!
Sólo os pido una cosa: si sobrevivís a esta época, no olvidéis. No olvidéis a los buenos ni a los malvados. Reunid con paciencia los testimonios de quienes cayeron por ellos y por vosotros. Un buen día, el hoy será el pasado, y se hablará de una gran época y de los héroes anónimos que han hecho historia. Quisiera que todos supiesen que no hay héroes anónimos. Eran seres con nombres, con rostros, con deseos y esperanzas, y el dolor del último entre los últimos no fue menor al del primero, cuyo nombre se venerará. Desearía que todos ellos os sean próximos, como seres que hubierais conocido, como miembros de vuestra familia, como vosotros mismos.
Se ha exterminado a familias enteras de héroes. Venerad, al menos, a uno de ellos como si fuese un hijo o una hija, y sentios orgullosos de él como de un gran hombre que vivió para el porvenir. Cada uno de los que han servido fielmente al futuro y cayeron para que éste fuera hermoso, es una figura esculpida en la piedra. Y cada uno de los que con el polvo del pasado quisieron construir una barrera contra la inundación de la revolución, no es más que un figurín de madera podrida, aunque tenga los brazos cargados de galones dorados. Pero también es necesario observar a los figurines vivientes en su infamia e imbecilidad, en su crueldad y ridiculez, porque es material que nos alecciona para el futuro.
REPORTAJE AL PIE DEL PAÍBULO
JULIUS FUCIK
NO A LA IMPUNIDAD DE AYER NI DE HOY
RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD A LOS JÓVENES APROPIADOS
CARCEL COMÚN PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS
JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS
APARICIÓN CON VIDA YA DE JORGE JULIO LÓPEZ
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES DE SU SECUESTRO Y DESAPARICIÓN
Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada
El juicio al Circuito Camps develó el genocidio perpetuado por la Policía Bonaerense, el Ejército y las patotas civiles en la Ciudad de La Plata. Desde Abril del 2011 se relataron cientos de historias sobre la persecución, tortura y muerte, apropiación de niñxs y familias enteras asesinadas. El miércoles 28 la querella de Justicia Ya! Emite su alegato; mientras que el 19 de Diciembre se dictará condena; el campo popular debe estar presente en la calle para demostrar que la condena también la realiza el pueblo.
Historias de familias asesinadas
Según el doctor Daniel Feierstein (2007), hablamos de genocidio moderno cuando se pretende reconfigurar las relaciones sociales preexistentes, apuntando a quebrar específicamente lazos de autonomía y reciprocidad presentes en la población atacada.
La Convención contra el Genocidio en el art. 2 establece que se entiende por genocidio cualquier perpetrado con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como: matanza de miembros del grupo; lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.”
Los hechos sucedidos durante la última dictadura militar tienen distintas maneras de abordaje, nosotrxs creemos firmemente en esta concepción del genocidio, en el sentido de que el poder dominante intentó borrar de raíz toda la acumulación política del pueblo argentino en experiencia organizativa y política. Cientos de miles de hombres y mujeres se encontraban militando activamente por el cambio social, el fin del capitalismo y el comienzo de una historia desde la perspectiva de lxs trabajadorxs.
Es en ese sentido que la persecución política se realizó afinadamente hacia lxs trabajadorxs organizados y hacia el movimiento estudiantil.
Operativo Escoba: un caso puntual de la persecución ideológica en el genocidio
El Partido Comunista Marxista Leninista comienza a forjarse en 1968, tras una escisión del Partido Comunista. Con un programa de tinte maoísta el partido comienza a armarse en diferentes ciudades del país, apostando al crecimiento en fábricas y en universidades. La persecución a estos grupos comenzó ya en 1973 por lo que ya en ese momento obligaba a sus miembros a moverse en la clandestinidad. La caída PCML a causa del “operativo escoba” tiene su origen en la detención en Mar del Plata , en agosto setiembre del 77 de algunos compañeros a cargo de la fábrica de armas y del campo de entrenamiento militar con lo cual la inteligencia naval llega a los datos del grupo de militantes del PCML que practicaban rugby en un club de La Plata y de estos pasa a ser investigado por el “circuito Camps”, ahora bajo las órdenes del Ejército y llegan a un miembro del buro político del PCML. La noche del “operativo escoba” fue la del 5 al 6 de diciembre del 77 y se capturaron entre 250 y 400 compañerxs del PCML en todo el país en sus diversas regionales cayendo prácticamente todxs lxs militantes. De lxs compañerxs secuestrados del PCML se encuentran todxs desaparecidxs excepto un grupo muy reducido.
La regional La Plata y la familia De la Cuadra
Estela de la Cuadra declaró en el juicio el 17 de Abril del 2012: “Queremos que nos comentes si tenes algún familiar que estuvo desaparecido durante la última dictadura militar”. La respuesta comenzó refiriendo que lo que le sucedió a la familia no fue una tragedia, sino un genocidio que como a otras tantas familias le afectó a ella: “están desparecidos mi hermano, Roberto José De la Cuadra, mi hermana Elena de La Cuadra (embarazada), mi cuñado Hector Baratti (el único que aparecieron sus restos), también mi marido Gustavo Fraire; mi hijo estuvo algunos meses secuestrado…también se quedaron con mi casa, hasta la actualidad”, remató sarcásticamente, como riéndose de su propia tragedia.
En 1976 Roberto De la Cuadra estaba casado y tenía una hija. Ya no vivía más con sus padres, era el cuarto de los cinco hijos de la pareja De la Cuadra-Zubasnabar, y a sus 24 años, luego de haber egresado del Albert Thomas, era trabajador de YPF.
En “la 520”, el sector de transporte de la refinería, Roberto José había comenzado a organizarse sindicalmente primero, formando parte de la resistencia ante el avance de los militares que habían vuelto a imponer la jornada de 8hs. También había comenzado a formar parte del Partido Comunista Marxista Leninista, y junto con algunos compañeros y compañeras organizaban la regional platense de la organización.
Durante la noche del 2 de Septiembre se reunió con sus compañeros y les comentó que había estado repartiendo volantes contra la jornada laboral en el baño de su trabajo, y que al salir, había sido visto por un sindicalista del gremio. Esa misma noche fue secuestrado en la puerta del edificio de sus padres y torturado por los distintos centros clandestinos de la ciudad, entre ellos, Comisaría Quinta.
Su hermana, Elena de la Cuadra cayó secuestrada el 23 de febrero de 1977, tenía 22 años y un embarazo de cinco meses. Con ella se llevaron a otros compañeros y a su pareja, Carlos Baratti. El 16 de Junio del 77, nació en cautiverio Ana Baratti, en la comisaria quinta, Ana fue apropiada a los cuatro días y su familia continúa buscándola en la actualidad. Baratti trabajaba en la propulsora de YPF y también formaban parte del PCML. En diciembre de 2009, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó su cuerpo: había sido enterrado como NN en el cementerio de General Lavalle, después de fusilarlo.
Otros de los militantes del PCML regional La Plata secuestrados y desaparecidos fueron: Eduardo Roberto Bonin, Norma Estela Campaño de Serra, Humberto Fracaroli, Lidia Fernandez, Medrano, Hector Hugo Malnatti, los hermanos Bonafini, y Carlos Ciancio (oriundo de Chacabuco, ex jugador de Gimnasia y casado con Patricia Dillón, ambos padres de Federico quien fue criado por sus abuelas).
Circuito Camps: el genocidio cometido por la Policia Bonaerense
Se trata veintiséis hombres que están siendo juzgados por secuestros de personas, torturas, asesinatos de compañerxs, y decenas de casos de apropiación de sus bebés.
Las organizaciones de derechos humanos, como la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) que integra el colectivo Justicia Ya!, investigaron durante los últimos 30 años de manera independiente toda la información sobre las aberraciones del golpe de estado, y demostraron que el aparato represivo realizó una planificación sistemática del genocidio, una verdadera máquina de matar, con patotas, policías, militares y civiles. Se cortó así con una generación organizada en pos de cambiar sistema capitalista, por uno más justo, de manera colectiva; y se instauró así un orden económico y social de miseria y miedo.
La Policía Bonaerense tenía un rol particular. El “Circuito Camps” contaba con más de 29 Centros Clandestinos de Detención (CCD) en toda la Provincia. A diferencia de los juicios anteriores, donde sólo se acusaba a genocidas de manera individual (como el juicio a Etchecolatz, en cuyo contexto secuestraron a Jorge Julio López, o el juicio al cura Von Wernich), en este proceso se logró que se juzgue por toda una parte del circuito represivo. Se juzgan las aberraciones acontecidas la Brigada de Investigaciones de La Plata (calle 55 entre 13 y 14), La Comisaría Quinta (24 entre Diagonal 74 y 63), el Pozo de Arana (137 esquina 640), el “Puesto vasco” en Don Bosco (Quilmes) y el Comando de Operaciones Tácticas N° 1, llamado “Coti Martínez” (San Isidro). De todas formas, así como hay decenas de CCD que no se juzgan, son muchos los represores que quedaron afuera de la instrucción y muchísimos los casos que no son tomados en cuenta. La lucha sigue siendo por condenar a todos los que participaron del aparato genocida, por cada uno de los compañeros y compañeras desaparecidas.
La ciudad de La Plata fue una de las más golpeadas por la fuerte persecución de la policía, el Ejército y las patotas. La Universidad Nacional de La Plata es una de las causas de esta alta estadística, institución educativa que tiene una gran cantidad de estudiantes y docentes desaparecidxs. También repercute en esto lxs miles de trabajadorxs del amplio sector fabril e industrial que componen los barrios de Berisso y Ensenada.
En el juicio “Circuito Camps” se juzgan a policías genocidas, entre ellos Miguel Osvaldo Etchecolatz, jefe de la Inteligencia policial y segundo en la institución debajo del fallecido Comisario Ramón Camps; el ex comisario mayor Rubén Páez era uno de los acusados, pero falleció en libertad e impune a fines de febrero; Páez fue uno de los jefes de la Brigada de Investigaciones de La Plata. Los tres militares acusados son Ibérico Manuel Saint Jean, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires (murió hace poco); Rodolfo Campos, también del Ejército Argentino y Agustín Arias Duval quien también murió impune durante el juicio, fue coronel y ex jefe del Destacamento de Inteligencia 101 y del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército. El único civil entre los acusados es el abogado Jaime Lamont Smart, ministro de gobierno de Saint James. Las muertes de Saint Jean, Páez y Arias Duval reflejan la impunidad que genera la lentitud del proceso judicial, el juicio ya lleva más de un año con varias interrupciones en el transcurso del mismo.
De las más de 280 víctimas, hubo algunos casos paradigmáticos. En el juicio se trataron los secuestros de 18 mujeres embarazadas, que tuvieron sus partos durante el cautiverio.. Se relataron decenas de asesinatos y apropiaciones de bebés tanto de militantes Montoneros, como del PRT/ERP, FAR, FAP, PCML, u otras organizaciones.
Otro de los casos más conocidos es el del operativo militar en la casa de Calle 30 entre 55 y 56, donde el 30 de Noviembre del 76 más de 200 uniformados de distintas fuerzas bombardearon y tirotearon la casa de Diana Teruggi y Daniel Mariani. Allí fueron asesinados Diana, Roberto Porfidio, Juan Carlos Peiris, Alberto Bossio y Daniel Mendiburu Elicabe, todos militantes de Montoneros. Clara Anahí Mariani, de 3 meses fue apropiada y todavía es buscada por su abuela “Chicha” Mariani. También son conocidos los casos de “La Noche de los Lápices”, la expropiación de Papel Prensa, y el secuestro de todos los ministros del ex gobernador camporista Calabró.
Desde la querella de Justicia Ya, integrada, entre otros, por el Colectivo de abogadxs «La Ciega», en COB La Brecha, se solicitó la ampliación de la imputación penal por homicidios a 16 de los imputados por 33 casos, cuyos cuerpos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense y por los testimonios oídos durante el proceso. Asimismo, se volvió a solicitar que se le revoquen las excarcelaciones y prisiones domiciliarias debido a la posibilidad de fuga de los imputados. Finalmente, hace tres meses fue admitido el pedido de ampliación por homicidios en los 33 casos solicitados y finalmente se le revocaron las prisiones domiciliares, así todos los acusados fueron a cárcel común durante el proceso, como por ejemplo Smart y Saint James que fueron por primera vez.
Al comienzo del juicio Smart solicitó autodefenderse y el Tribunal le concedió ese derecho a pesar de las quejas y presentaciones de las querellas y las víctimas quienes argüían la “revictimización que sufrimos al ser interrogados nuevamente por nuestro victimario”. En su descargo, el ex ministro de Gobierno de la Provincia entre 1976 y 1979 declaró que nunca visitó una comisaría o algún penal durante su gestión, y que de la represión ilegal sólo conocía por lo que salía en el diario El Día.Su participación en el aparato represivo quedó acreditado en todas las audiencias que lo acusan, sobretodo es imputado por su responsabilidad en el homicidio de Jorge Rubinstein.
Desde Noviembre se están realizando los alegatos de las diferentes querellas. El miércoles 28 de Noviembre es el turno de lxs compañerxs de Justicia Ya!. Y el 19 de Diciembre se hará la sentencia.
Creemos primordial la asistencia de todo el campo popular de La Plata al juicio durante estos días. Sabemos la importancia de la cadena perpétua a los 23 acusados, y que la Justicia y el Estado se hagan cargo que lo que hubo en la Argentina fue un genocidio. Pero también consideramos primordial la condena del pueblo, que la sala de audición este repleta de repudio hacia estos dinosaurios que tuvieron un importante rol en la oscura fecha de la represión ilegal.
El logro de la revocación de la prisión domiciliaria y la ampliación de homicidios demostró que la lucha histórica de los organismos de derechos humanos es el principal motor por el cual los juicios se vienen realizando; pero cuando los progresistas ya no necesiten de “los derechos humanos de los 70” para generar su discurso y cuando se apaguen los flashes de los medios oficialistas, la única fuerza que va a lograr la justicia y el fin de la impunidad de ayer y de hoy es la fuerza del pueblo en la calle, nosotrxs mismxs, movilizadxs.
Seguimos y seguiremos exigiendo juicio y castigo a todos los genocidas por todxs lxs compañerxs. Así como también seguiremos movilizadxs recordando el secuestro y desaparición del compañero Jorge Julio López. ¡PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!
Por La Ciega y Colectivo de Trabajo Periodismo
en
LA BRECHA
El miércoles próximo, 28 de noviembre, la querella que representa al colectivo Justicia Ya en La Plata dará su alegato en el juicio al denominado Circuito Camps. Pasó más de un año desde aquel 11 de octubre de 2011en que se inició la etapa oral del juicio con la proyección de los testimonios filmados de Adriana Calvo y Jorge Julio López, quienes en una sala colmada narraron una vez más lo que se vivió en los Centros Clandestinos de Detención y Exterminio en el denominado Circuito Camps. Este juicio abarca un tramo del Pozo de Arana, de Comisaría 5ª, de Brigada de Investigaciones La Plata y de Puesto Vasco, centros que fueron parte del plan genocida llevado a cabo por la dictadura cívico-miliar instaurada en 1976.
Están siendo juzgados 23 imputados por 286 víctimas. Es hasta la fecha, el juicio de mayor envergadura en la ciudad de La Plata. Pero no es suficiente y no es lo que debería, debemos denunciar que a casi 30 años del fin de la dictadura continúa la impunidad. Son miles los genocidas que ni siquiera han pasado por tribunales, son decenas de miles los compañeros que no han recibido justicia, son más de 400 los jóvenes a los que aun no se les restituyó su identidad. Continúa la fragmentación de las causas. En este juicio Jorge Julio López no es caso en Arana, 54 víctimas quedaron fuera por la decisión de la justicia al establecer disquisiciones entre lo que fue Destacamento, Pozo y el resto de los lugares de Arana que también fueron CCD y E bajo jefatura de la policía de Camps y Etchecolatz.
Ausencia de juicios, juicios tardíos y fragmentados tienen como objetivo y consecuencia el negar el genocidio. Afirmamos que elevar a juicios causas incompletas dónde se investigan los mismos delitos a los mismos imputados es funcional a la impunidad y conlleva una nueva forma de impunidad, la biológica, durante los 10 años que lleva este proceso desde su instrucción al inicio de la etapa actual murieron impunes 11 genocidas y durante el oral del mismo 3 más.
Por estas cuestiones este miércoles 28 estaremos dando nuestras razones al solicitar las máximas penas posibles, seremos la voz de Adriana, de Julio, de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos exigiendo que se condene a los genocidas por lo que son. Te invitamos a que te sumes a esta exigencia, demostremos una vez más que no es un gobierno o un tribunal el que los condena, es el pueblo que ha luchado por estos juicios el que exige:
CARCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS
MIÉRCOLES 28 DE NOVIEMBRE, 10 hs. EN LA EX AMIA CALLE 4 e/ 51 Y 53
ASOCIACIÓN EX DETENIDOS DESAPARECIDOS aedd
Carlos Zaidman: 0221- 155731407
Continúan los alegatos en el juicio Circuito Camps
Durante la audiencia de ayer martes 20 de noviembre, la Fiscalia terminó de dar su alegato. En el mismo pidió que se condene a prisión perpetua a Smart, Echetcolatz, Campos, Lujan, Kearney, Svedas, Arguello, Guallama, Cozzani, Machuca, Sita, Corrales, Patrault, Garcia y Grillo; también pidió condenas de 25 años de prisión para Tarela, Cabrera y Berges; exigió 20 años de prisión para Lencinas y Verduri, 19 años para Ferriole, 10 años de prision para Almeida y dos años y medio para Antonini. Todo esto fue enmarcado en «lesa humanidad o genocidio», sin sentar postura sobre ambos conceptos.
Asimismo, pidió que para la cuantificación de la pena se tenga en cuenta la extensión del daño intergeneracional causado por los genocidas y la falta de información acerca del destino de lxs desaparecidxs y de los niños y niñas apropiadas. Asimismo, solicitaron que, a raíz de los elementos probatorios surgidos en el juicio, se ordene la apertura de nuevas causas que investiguen a otros represores por su participación en los centros clandestinos del circuito objeto del juicio, complicidades civiles, de miembros de la iglesia y del poder judicial y los delitos sexuales sucedidos en el marco de los centros clandestinos del circuito Camps.
Luego, comenzó a alegar la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo desde sus abogados Collen Torres y Emanuel Lovelli. El alegato comenzó contestándole a Smart con relación a una frase dedicada a los abogados de la querella, en donde el genocida expresó que seguramente los jóvenes querellantes no sabían realmente lo que había ocurrido, a lo que los abogados de abuelas le contestaron que sabían muy bien… un genocidio. Realizaron el alegato junto con Leonardo Fosatti, hijo de Ines Ortega y Ruben Fosatti y nacido en comisaria 5º y posteriormente apropiado. «Fue muy emocionante contar con Leonardo acompañando a los abogados de abuelas, quienes alegaron sobre los casos de mujeres embarazadas que pasaron por Comisaria 5 y Arana, y los niños/ niñas apropiadas», relató otra de las querellantes del juicio. Expusieron , entre otros, los casos de Ana Libertad Baratti de la Cuadra, hija de Helena de la Cuadra y Hector Baratti, quien también nació en comisaria 5° y «aún la continuamos buscando», Leonardo Fosatti, Pedro Nadal, Maria Eugenia Gatica Caracotche, Sabino Abdala, Maria Mercedes Molina y Clara Anahi Mariani Teruggi.
Hoy miércoles, a partir de las 9 hs, continuarán alegando la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, la querella de Chicha Mariani y la Apdh. El miércoles de la semana próxima estaremos alegando la querella de Justicia Ya!!!
En la audiencia del martes 4 el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata resolvió dar lugar a la solicitud del Ministerio Público Fiscal y de las querellas. Se trata de la “ampliación de acusación” contra 15 de los represores, por continuidad delictiva entre la privación ilegitima de la libertad, tormentos y homicidio calificado en 33 casos.
Tras las audiencias de los días 6 y 13 de agosto las partes acusadoras pidieron la ampliación de la acusación en los términos del art. 381 del C.P.P.N. y además requirieron la revocación de las excarcelaciones y prisiones domiciliarias de los imputados.
Luego de las instancias necesarias para evaluar el pedido, el Tribunal resolvió de manera afirmativa las solicitudes del Ministerio Público Fiscal y de las querellas.
Por lo tanto la resolución implica a Rodolfo Anibal Campos, Miguel Osvaldo Etchecolatz, Ibérico Sain Jean, Jaime Lamont Smart, Miguel Kearney, Horacio Elizardo Luján, Carlos García, Raúl Orlando Machuca, Julio César Arguello, Mario Víctor Sita, Fernando Svedas, Bernabé Jesús Corrales, Roberto Omar Grillo, Domingo Almeida y Luis Vicente Patrault.
Salvo Saint Jean, Campos y Patrault que serán trasladados al Hospital Penitenciario Complejo I de Ezeiza, los demás irán al Complejo Penitenciario Federal II de Marcos paz.
Al respecto Nilda Eloy manifestó que «desde de la querella de Justicia Ya habíamos planteado que se debía ampliar la acusación de estos reos por homicidio y en esta oportunidad hemos tenido el apoyo también de la Fiscalía y otras partes. El reconocimiento del Tribunal al decir que la querella tiene razón”.
También agregó que “no se puede tapar la realidad con una frase del Código. Los compañeros por los cuales se pide que se juzgue por homicidios, son compañeros que sus restos han aparecido o han sido identificados de una u otra manera”, y en ese sentido indicó que “en esos casos no podemos seguir hablando de desaparecidos o de privación ilegal de libertad, tienen que ser condenados por lo que son, por genocidas y asesinos”.
En cuanto a la revocación de la prisión domiciliaria, Eloy expresó que “se nos reconoce que las condiciones en que están los detenidos deben cambiar. Es decir, con un cargo de una previsión de pena de cadena perpetua no pueden seguir estos tipos en sus casas”.
Asimismo expresó que “para nosotros ha sido un avance enorme. Lamentamos que siga quedando en las querellas esto que debería ser impulsado, no por los organismos solamente, si no que desde el Estado tendría que haber llegado ya a juicio. A la Justicia a veces hay que empujarla y acá estamos nosotros para hacerlo”.
El nombre de las personas que han sido asesinadas durante la dictadura militar, por los que se acusa a los genocidas del Circuito Camps son: Almarza Guillermo, Bachini Héctor Federico, Baratti Héctor Carlos, Bonetto Roberto Jorge, Ciancio Luis Alberto, Cicero de Sobral Elsa, Diego Ana Teresa, Dillon Patricia de Ciancio, Fernández de Mercader Silvia Anahí, Fraccarolli Humberto Luis, Garín María Adelia, González de Mora Silvia Amanda, Ibáñez Roberto, La Spina Nora Susana, Lezana Piñeyro Graciela Miriam, Lugones Carlos Eduardo, Malnatti Salazar Héctor, Mercader Mario Miguel, Mora Juan Carlos, Sagués de Perdigué Graciela Beatriz, Santucho Mónica, Simon Carlos Francisco, Sobral Guillermo Ramón, Traverso de Bozzi Susana, Williams Carlos Guillermo, Galarza Liliana Amalia, Idiart Cecilia Luján, Mainer María Magdalena, Mainer Pablo Joaquín, Moncalvillo Domingo Héctor, Morettini María del Carmen, Salomone de Guevara Nilda Susana y Jorge Rubinstein.
En la audiencia del miércoles 1, los antropólogos Juan Novile, Patricia Bernardi, Mercedes Salado Puerto y Sofía Egaña, miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) declararon ante el TOF Nª1 de La Plata, dieron testimonio sobre los hallazgos de restos de desaparecidos cuyos casos están siendo ventilados en el proceso que se realiza en La Plata.
En sus declaraciones los profesionales dejaron en claro que las víctimas murieron en fusilamientos o arrojados al vacío desde «vuelos de la muerte», luego de que investigaran los hallazgos e identificaciones de 26 desaparecidos, lo cual abre la posibilidad de que los imputados sean acusados, además de secuestro y torturas, por homicidio, delito que prevé la máxima pena según la legislación. Asimismo atestiguaron que en el centro clandestino de detención que funcionó en el destacamento policial de Arana se realizaron cremaciones clandestinas de cadáveres, puesto que se hallaron tres fosas con miles de fragmentos de restos óseos humanos carbonizados y restos de cubiertas de autos quemadas. Durante las declaraciones los miembros del EAAF dieron a conocer el informe técnico que se hizo sobre la recuperación de restos, los análisis para la averiguación de las causas de las muertes y se develaron por lo menos tres mecanismos que utilizaban los torturadores para la desaparición y el asesinato de los presos políticos, el fusilamiento con enfrentamientos fraguados, vuelos de la muerte y la quema de cadáveres.
El martes pasado se reanudó el juicio Circuito Camps, durante la jornada habló la Psicóloga Alicia Lo Giúdice, perteneciente al equipo Terapéutico de Abuelas de Plaza de Mayo, la cual dio cuenta de las dificultades que atraviesan los nietos recuperados, y declaró sobre las consecuencias psicológicas de las apropiaciones. Durante su testimonio argumentó lo siniestro del genocidio llevado a cabo durante el proceso, diciendo que a diferencia de lo ocurrido en otros genocidios de la modernidad, los verdugos se quedaron con la descendencia de sus opositores políticos y agregó que “la apropiación ilegal de niños es otro modo de exterminio”, puesto que los hijos apropiados de los desaparecidos viven en una lógica de campo de concentración. La directora del Centro de Atención por el Derecho a la Identidad, un servicio de salud mental de Abuelas, explicó que los hijos de los desaparecidos «fueron sustraídos violentamente de un sistema de parentesco para incluirlo, en otro, negando que el origen del vínculo con los apropiadores está construido en base al secuestro del niño y el asesinato de sus padres”. Por otro lado remarcó que la apropiación de niños «es genocidio» según las Convención Internacional 1948 por ese delito. Por último dejó en claro que para las víctimas estos juicios traen alivio.
“La situación era realmente infernal”
Por otro lado también habló en teleconferencia desde Canadá, lugar donde reside, Adriana Chamorro testigo que recordó su detención en la Brigada de Investigaciones de San Justo. Dijo que el médico imputado, Jorge Bergés, participaba de las sesiones de tortura a las cual era sometida. Además de hablar de su paso por el Pozo de Banfield y también comentó que intervino en el parto de Victoria Moyano, puesto que cuidaba a María Asunción Artigas durante la gestación.
“Me pusieron a mí en un calabozo con ella. Tenía un embarazo de seis meses y como tenía crisis epilépticas vino un médico que tenía barba y bigote, le dio una pastilla y le dijo que se mentalizara de que iba a salir solamente cuando naciera su hija” declaró Adriana. La hija finalmente nació, “todos participamos del parto. Empezó a tener contracciones. Yo golpeaba un lado de la pared para que Eduardo (Corro, alojado en la celda de atrás) contara las contracciones. Cuando terminaban, golpeaba de nuevo para que parara de contar y golpeaba atrás para que el de atrás empezara a contar. Estuvo así alrededor de 24 horas porque las contracciones venían de tanto en tanto, hasta que logramos calcular que se daban durante cuatro o cinco minutos. Ahí llamamos a la guardia. Se la llevaron abajo y nació Victoria, que por suerte está recuperada hoy en día”, aclaró la testigo.
Durante su testimonio Adriana aclaró en qué situación se encontraban durante su secuestro “en un lugar sin luz, esposados las 24 horas del día. Estábamos muertos de hambre, muertos de frío, la situación era realmente infernal”.
Adriana Chamorro fue secuestrada junto a su compañero Eduardo Corro el 23 de Febrero de 1978, la tabicaron en el baúl de un auto y la llevaron a la Brigada de San Justo. Las sesiones de torturas eran sistemáticas según sus declaraciones las picanas eran “en las articulaciones, en los senos, en la vagina en particular, y trataron de hacerme en la cabeza o en la cara. Me quemaron los labios, pero alguien que estaba al lado mío dijo: ‘En la cabeza, no’. Entonces siguieron con otras partes. Al rato, la persona que estaba al lado mío me puso el estetoscopio y dijo: ‘Vamos a parar por un rato’. Yo me dije: ‘Hay un médico acá o alguien que sabe’. Se fueron un rato, luego volvieron y siguieron, hasta que se cansaron… Me sacaron a la rastra porque yo no podía caminar”. Fue allí que pudo conocer al médico del lugar, puesto que fue a atenderla y lo hizo cuando ella no estaba tabicada “Se presenta como un médico que me va a curar, se sienta, muy amablemente me dice: ‘¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís?’. Me dice que lo que tenía no era grave… al escucharlo hablar, trato de que hable más haciéndole algunas preguntas. Me doy cuenta de que es la misma persona que había hablado al lado mío en la tortura”, comentó Chamorro. Por último ante la pregunta de un fiscal sobre su militancia en aquel momento dijo “Por supuesto, dado que había una dictadura en Argentina. Y yo tenía el derecho como todos los ciudadanos de resistir a ese grupo sedicioso que se había hecho cargo del gobierno ilegalmente y que torturaba, mataba, desaparecía… Así que yo formaba parte de una organización que se llamaba Organización Revolucionaria Compañero.”
El expolicìa y acusado, Alberto Cozzani pidió ampliar nuevamente su declaración la semana pasada al Tribunal y al comienzo de la audiencia de hoy lunes se lo escuchó nuevamente. Comenzó diciendo que se sentía aburrido: «luego de escuchar las últimas declaraciones en general, estoy un poco aburrido y no terminaré de aburrirme hasta el final del juicio», remató. En otra declaración, un periodista señalo Sergio Antonio Verduri (foto) como líder de una patota.
Comenzó a referirse a las declaraciones del Ministro de Relaciones Exteriores Héctor Timerman que dio su testimonio el martes pasado. Cozzani dijo haber escuchado atentamente al funcionario y que le causó «gran tristeza porque pensé que iba a hablar de esta causa… pero la gran preocupación del Sr. Canciller fue Papel Prensa y no la memoria lastimada de su padre», atacó, y dijo que de Papel Prensa ya no quería hablar en este juicio. También confesó haberse molestado mucho que Héctor Timerman «enalteciera la figura de la Sra. Papaleo, cuando yo la vi en ese careo (que se produjo en 1977 entre Papaleo y Timerman) estaba perfectamente bien como cualquier persona presa», y que incluso ella se abusaba de que Jacobo Timerman «estaba muy mal».
Luego uno de los jueces del Tribunal, el Dr. Falcone, le pidió que explique cómo puede ser que diga que en aquel careo la viuda de Graiver estaba bien, «si usted mismo dijo que fue torturada, desnuda en un camastro». Y la respuesta del ex represor fue: «Tengo entendido que alguien aún en un sistema bestial o no, al día siguiente está bien». Y para comparar, describió cómo estaba Timerman: «era un hombre que estaba vencido, debe ser con las personas que yo he tenido el gusto de conversar, una de las personas más intelectuales, pero uno lo veía en los careos como una persona totalmente vencida, con mal olor, como un ciruja…uno no veía eso en la Sra. Papaleo, no se la veía vulnerable, era una leona al ataque».
Al presidente del Tribunal, Carlos Rozansky tampoco le cerraban las declaraciones y preguntó: » Yo registré lo que dijo y el tono con relación a la tortura… quiero preguntarle si es posible que el que es torturado, al día siguiente está bien».
«Yo me baso en lo que vi 10 minutos, un médico puede hablar mejor, yo he escuchado más de 500 testigos, testigos que fueron subversivos, terroristas, o militantes políticos, o perseguidos… en lo personal ninguno me acuso nada…escuche al último hijo con una bronca, que se quería dar vuelta y pegarnos una trompada a cualquiera de nosotros….con todo derecho», dijo respecto al testimonio de Nadal.
Habló también del Comisario Inspector de la Policía de Bs. As. Alberto Rousse, quien según Cozzani era el Jefe del Cot1 Martínez, y agregó que «las principales detenciones del grupo yo participé, pero dirigía Rousse».
Después dijo que «si no me preguntan al final del debate, diré en qué detenciones estuve presente y aún no me preguntaron…nunca fui ni tiburón ni viborita…yo estaba cuando le pasaban la corriente eléctrica a la Señora Papaleo». También confesó que la muerte del David Graiver «hasta yo personalmente creo que pueden haberla causado».
Y respecto a la empresa Papel Prensa concluyó: «Ya nació mal en el momento en que es robada….con Graiver, después el proceso, después el remate…cuando se hace el remate aparece Máximo Gainza Castro (ex director del diario La Prensa) y Dr. Anchorena (abogado de la familia Graiver) nuevamente. Después hay una versión aggiornada por periodistas de hoy pero veo que no lo quieren conocer».
Jóven secuestrado y torturado para la búsqueda de su hermano
Luego comenzó el momento de los testimonios, y fue el turno de Bernardo Cané, quien fue víctima de secuestro, y además su hermano fue desaparecido. Comenzó relatando que su secuestro fue el 14 de Octubre del 76, a sus 18 años: «al regresar de mi pueblo, Lincoln, fui a casa (en La Plata) y noté que no andaba el ascensor de los pares, que era el nuestro, subo la escalera, veo que había luz, que me pareció raro por ser muy tarde, me abren la puerta y soy golpeado y llevado en un auto a un lugar en donde permanecí una semana», resumió.
Relató que fue sometido a torturas con picana eléctrica más de dos veces, y que su situación empeoró cuando dio la dirección donde habían vivido con su hermano, en Buenos Aires, y como no encontraron a nadie, «volvieron con furia y volví a tener una nueva sesión de tortura». Su hermano se llamaba José María «El Gato» Cané y militaba en la Universidad, por la JUP. Está desaparecido.
Luego de haber estado secuestrado, pudo reconocer que estuvo detenido en Arana. Contó que un día «me levanté la venda… y vi por la puerta un micro 273, supe que estaba en La Plata, había un portón y una vía de tren». Años después fue con la Conadep y era la oficina de cuatrerismo cerca del aeropuerto provincial, Arana.
También denunció que la patota les robó todo lo que había en una casa adonde él fue llevado a reconocer, donde supuestamente estaría su hermano, pero no estaba. Era en 19 y 66.
Finalmente describió al menos 3 categorías de personas que participaba de la represión: «La que me llevó a casa de mi hermano eran de alto rango por que andaban con ametralladora ostensiblemente por la calle, había dentro del CCD un personal de mantenimiento o maestranza; y las que hacían los interrogatorios. En un momento vino un superior y les reprochó que eran unos animales por haber llevado un camión y robado todo lo de la casa».
Periodista reconstruyó la patota de la «Brigada Fantasma de Quilmes»
Finalmente pasó al estrado José Alberto Moya, quien hizo un peculiar relato sobre su estudio sobre algunas comisarías y Brigadas, a través del análisis periodístico de diarios del momento. «Soy periodista… estudié el Diario EL Sol (de Quilmes), fue mi principal fuente de información para saber qué pasó en la dictadura… como yo era docente, yo quería aplicar técnicas de lectura de diarios y saber qué pasaba en mi ciudad… fui a ver el Diario El Sol, cuyo archivo es muy bueno y me dediqué a mirar todos los ejemplares desde el Cordobazo hasta el golpe», comenzó explicando.
Allí habló sobre el policía Luis Alberto Ferian: «Aparecía en los diarios como Jefe de la Brigada Fantasma, que era un grupo operativo de la Brigada de Quilmes», y explicó que «me llamó la atención que apareciera Brigada Fantasma en el encomillado de muchas notas, el diario daba cuenta de los operativos de la Brigada Fantasma».
Explicó que este medio de comunicación tenía una sección de policiales y que allí la Brigada de Investigaciones de Quilmes aparecía como fuente de información antes del golpe. «Por ejemplo decía `la Patrulla Fantasma esclareció el robo`. Y nombró que allí aparecían: Ferian, Juárez, Sinieri, Cáceres, Rincón y Antonio Chena («quien avanzó como Jefe de Calle de la Policía de Berazategui»). «Todos ellos estaban bajo las órdenes de Verduri», aclaró refiriendo a uno de los acusados en este juicio, Sergio Antonio Verduri, ex oficial de la Dirección de Investigaciones de La Plata.
Ante la pregunta de en qué año se inicia esta patota, Moya contó que el primer registro data de notas escritas por Rodolfo Walsh en el Diario de la CGT de los Argentinos, en Octubre del 68 y Marzo del 69, «el jefe de la comisaria 1 de Avellaneda era Echecolatz según notas de Rodolfo Walsh, pero la mayoría de las denuncias de tortura venían de la brigada de Avellaneda». Además dijo que cuando la presidencia la asumió Galtieri, Etchecolatz habría asumido en la Brigada de Quilmes. También confirmó a través del «cruce de información», que Etchecolatz en algún momento estuvo al mando del personal que integraba la «Brigada Fantasma».
Luego continuó explicando su trabajo periodístico: «Mis fuentes de información son variadas, la primera acudir a los diarios de la época…hay esclarecimientos en Quilmes, Berazategui y Avellaneda y mis entrevistas a policías que dicen que las Brigadas se diferencian de Comisarias ya que no tienen ámbito para actuar».
El martes se realizó una nueva audiencia y dieron su testimonio, entre otros, los hermanos Timerman.
Declaración del hijo menor de Jacobo Timerman
Javier Gustavo Timerman fue un nuevo testigo como «familiar de víctima» del juicio que se realiza en La Plata. Su padre, Jacobo Timerman fue secuestrado de la casa de familia en Capital Federal, la noche del 14 de Abril del 77. «Entraron 20 personas más o menos, dijeron que eran del Ejército, nos encerraron a mí a mis hermanos en un cuarto». El joven Javier tenía 15 años. «En un momento empezaron a comportarse de forma violenta con mi hermano y conmigo… rompieron y robaron cosas personales».
Los hijos de Jacobo y su esposa comenzaron a buscarlo en algunas sedes del Ejército y de la Policía. «A mediados de Mayo dijeron que estaban en el cuartel de Policía de la Capital Federal». La madre de los niños y su hijo mayor Héctor lo vieron «en una situación dramática, había perdido mucho peso, les dijo que estaba salvajemente torturado, y dijo que nos olvidemos de él». Su padre les relató que en aquel primer lugar le hicieron un simulacro de fusilamiento, «le dicen ´te vamos a justiciar´ contaron hasta diez y se empezaron a reír», contó el hijo menor de Jacobo, y agregó que el video se puede ver en internet: http://www.youtube.com/watch?v=G53Ijcrett0 .También les contó que un día se le presentó Camps: «uno le dijo ´sabe quién soy yo?, el Coronel Camps, y de lo que usted diga depende su vida´».
A finales de Junio la familia fue a visitarlo, «había tantas visitas que nosotros hacíamos cola con los parientes de otros presos, es importante ver aquí que la tortura psicológica va a los familiares; yo tengo 51 años, en ese momento tenía 15, me fui al exilio a los 16 años», relató el hermano del actual Canciller argentino. También relató el día que fue con su hermano «a una comisaría de la Provincia de Buenos Aires», y que le había llevado a su padre el boletín escolar para que lo firme, y la policía lo autorizó a firmar esposado.
Luego a Jacobo Timerman lo volvieron a la Alcaidía de Capital Federal, luego al Penal de Magdalena, vuelta a Alcaidía, y finalmente arresto domiciliario vigilado hasta que lo expulsan del país el 23 de septiembre de 1979. Fue un empresario de medios de comunicación, entre los cuales dirigía el diario «La Opinión».
«Yo me fui en el 77 porque mi padre me dijo que nunca íbamos a poder volver al país… desde allá empezamos a hablar con los medios, a hacer campaña porque mi padre muy heroicamente me dijo ´vayan y digan´».
«Ver hijas que tuvieron que acostarse con policías para que no torturen a sus padres… había un grado de infraestructura para afectar, torturar, matar, había tantas personas que hacían inteligencia, hay responsabilidad de muchas autoridades políticas del gobierno que estaban a cargo de la Provincia», denunció el hombre. Y añadió «él me contaba el grado de degradación de la tortura en los genitales, en las encías». También dijo que era constante el ensañamiento hacia el hombre por su condición de judío, «mi padre decía que les daba fuerza durante la tortura, incriminarle que era judío», contó.
Habló de «genocidio» y de la destrucción familiar que esto causa a miles de familias: «mi padre tuvo muchísimas secuelas físicas, dolores constantes, imposibilidad de caminar bien… y de la parte psicológica prefiero guardarme los comentarios, pero yo estoy convencido que la muerte de mi madre, el exilio de sus hijos, una familia destruida a partir de los hechos del 77… esto es parte de la destrucción familiar que causo el genocidio… esto es mi familia pero fueron cientos».
Señaló que sin dudas la muerte de su padre tuvo que ver con las circunstancias que atravesó, según preguntó un abogado de la querella. Timerman estuvo 2 años y medio preso. Respecto a las causas de su detención dijo que «la excusa fue una supuesta vinculación con la investigación del Caso Graiver pero en cautiverio las principales preguntas eran su participación como líder de la subversión intelectual, de los planes sionistas de quedarse con Argentina».
Javier Gustavo quiso también dedicar una parte de su testimonio a lo que sucedió con Richie Libie de Timerman: «Mi madre, que era una persona inteligente, linda, llena de vida; fue realmente destruida a partir de lo que pasó…mi madre se levantaba a mitad de la noche y gritaba…el ruido de la ambulancia la hacía gritar…a pesar de ello siempre con mucha fuerza habló, fue a pedir…murió muy joven a los 63 años…de un ataque cardíaco del que hago responsable a estos imputados».
Testimonio del Ministro de Relaciones Exteriores
Luego llegó la esperada declaración del actual Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el hijo mayor de Jacobo, Héctor Marcos Timerman. El funcionario del gobierno nacional también relató los detalles de la irrupción de la patota en su casa el 15 de Abril del 77, y añadió que «venían acompañados del vice director del diario La Opinión, Enrique Jara», y que se llevaron el auto familiar. Presentaron al día siguiente un Habeas Corpus que fue negada su recepción en la comisaría de la zona. También dijo ahí mismo que a partir del secuestro de su padre, «el diario fue tomado por el Poder Ejecutivo, y empezó una razzia de periodistas». «Vine a La Plata junto con el rabino Marshall Meier y pedí ver al Comisario Etchecolatz… nos dijo que ´por menos de esto, gente como vos se fue para arriba como humo´».
Timerman explicó distintos grupos que participaban de la tortura: «El grupo de Camps y Von Wernich que centraban su acusación en el carácter subversivo de La Opinión y el sionismo… después había un grupo que mi padre no vio pero que por su forma de expresarse era gente más culta, con nociones de economía que estaban interesados en la vinculación del grupo económico con el Caso Graiver… después estaban los torturadores que solo querían hacerle daño». Su padre le relató que presenció que una joven era violada delante de su padre. Además dijo que junto al Coronel Camps había un grupo de civiles que estudiaban artículos de La Opinión, «gente del gabinete de Saint James», aclaró respecto al Gobernador Interventor de la Provincia de Buenos Aires que forma parte de los acusados del juicio.
El Canciller llevó al juicio unos cables de comunicaciones entre la Embajada de los Estados Unidos al Secretario de Estado yanqui, los cuales, según el hombre, «muestran el rol de Saint James, el poder de decisión que tenían sobre la vida, liberación, tortura y muerte de Jacobo Timerman». Allí dijo que por un lado «había elementos civiles interesados de silenciar el diario La Opinión»; también relató que «Gallino fue uno de los que interrogó a mi padre durante su primer secuestro… fue con quien se negoció dónde poner el dinero de Papel Prensa… era la misma persona que mantenía relación con Clarín, La Nación y La Razón por el despojo que sufrió la familia Graiver».
Con respecto a la razzia de periodistas dijo que a los 15 días que secuestraron Timerman «desaparecieron a Sajón, que está desaparecido, a Enrique Ratt, Money, Gilbert, Luis Manini… en total en argentina hay 100 periodistas asesinados, hay un plan sistemático de desaparición de periodistas» También refirió a Fernández Pondal, director de una newsletter, y relató que Jara permaneció secuestrado una semana.
Entre las secuelas de su padre relató que la principal fue la pérdida de audición, y que no podía estar a oscuras. Señaló al acusado Bergés, dijo que «lo revisaba antes y después de cada sesión de tortura (a su padre).
Finalmente Héctor dijo que al momento del secuestro de su padre, él tenía 22 años, y que salió de forma clandestina del país en el 78, y volvió en el 84. Agregó que el diario La Opinión fue intervenido en el 79.
Cobertura del juicio "Circuito Camps" 