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LOS CONDENAMOS TODXS EN LA CALLE

19 de diciembre de 2012

Hoy miércoles 19 de Diciembre del 2012, en escasas seis horas, el Tribunal Federal Oral Criminal Nº1 hará lectura de la sentencia que muy posiblemente encarcelará a 23 represores.

El juicio comenzó el 12 de Septiembre del 2011, y desde COB La Brecha hemos participado desde diferentes espacios: lxs compañerxs de La Ciega forman parte de la querella en Justicia Ya!, han analizado, estudiado y se han puesto al frente de la acusación contra los genocidas; por otro lado desde el Colectivo de Trabajo Periodismo hemos realizado una cobertura de prensa que, a través del blog, se ha sostenido durante todo el proceso judicial junto a compañeros de la Facultad, y fue uno de los muy pocos medios en el país que informaban sobre lo sucedido.

También participamos del espacio Multisectorial de la zona La Plata, Berisso y Ensenada donde se intentó mantener algunas actividades que mantienen la memoria viva en la ciudad, como las históricas movilizaciones por Jorge Julio López, y también se realiza esta convocatoria para realizar una radio abierta y un acto afuera del Tribunal que juzgará esta tarde a los 23 asesinos. Por eso hoy reproducimos el comunicado unificado de la Multisectorial.

Y, por último,  hacemos nuestras las palabras de lxs compañerxs de  a Ciega: “Este miércoles se condensará más de un año de trabajo arduo y por eso llamamos a todxs los que luchamos contra la impunidad de ayer y de hoy, a que nos acompañen, para que estos genocidas sepan que desde abajo y a la izquierda nos levantamos para retomar las banderas de lucha de nuestros 30.000 compañerxs desaparecidxs, por un mundo sin explotación ni opresiones de ningún tipo!”

A continuación reproducimos el análisis del juicio que se realizó desde la Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada:

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Fragmentación = impunidad

El denominado “Circuito Camps” fue el esquema represivo que la última dictadura desarrolló en 14 partidos del Conurbano bonaerense y La Plata. Contó con al menos 29 Centros Clandestinos de detención donde actuaron miles de represores de la Policía de la Provincia, encabezada por Ramón Camps y bajo el mando del Comando del Primer Cuerpo del Ejército.

La acumulación de causas que se está juzgando en La Plata es denominada como “Circuito Camps” porque, si bien en el ’86 hubo una primera causa “Camps” o “Causa 44”, que juzgó sólo a 7 represores que recibieron condenas mínimas y luego beneficios de impunidad, es la denominación que más se acerca a un grupo de causas de esta característica.

Sabemos que nunca se juzgó el “Circuito Camps” en su totalidad, pero la nueva “Causa Camps” es la más extensa de las llevadas a juicio hasta el momento en nuestra ciudad, e investiga 280 casos de secuestros, torturas, homicidios y apropiaciones de niños cometidos en los CCD Comisaría Quinta (diagonal 74 entre 23 y 24), la Brigada de Investigaciones de La Plata (55 Nº 530, entre 13 y 14), el Destacamento de Cuatrerismo de Arana (137 esquina 640), el Puesto Vasco (subcomisaría de Don Bosco, Quilmes), el COTI 1 Martínez (Avenida del Libertador al 14.200, Martínez, San Isidro), en la masacre de la casa Mariani-Teruggi (Calle 30 Nº 1134 55 y 56) y un caso de  la Brigada de San Justo.

A 9 años y 3 meses de caídas las leyes de impunidad gracias a la lucha popular, el Estado argentino sólo efectivizó 79 juicios orales con sentencia en todo el país. Allí fueron procesados 401 imputados, donde hubo 294 condenados (algunos represores en varias causas), 41 absoluciones y 4 muertos impunes mientras duraba el proceso, por un universo de 1764 víctimas. Esto quiere decir que sólo alrededor del 20 % del total de los 1.800 procesados desde 2003 fue condenado, y en la mitad de los casos con sentencias menores al máximo de la pena. Ese 20 % de condenados es una farsa de justicia que relativiza la pretendida sanción reparadora de los crímenes que el mismo Estado cometió hace 36 años.

El esquema de juzgamiento que el Estado propone incluye sólo las responsabilidades de los altos jefes del mando militar o policial o bien de represores identificados hace años, pero no contempla a la totalidad de los genocidas que actuaron en cada CCD, ni mucho menos a la totalidad de víctimas que por ellos pasaron. Esta forma de desarrollar los juicios está agotada,  lo que puede verificarse en el grave el retroceso de la tendencia de juzgamiento, que venía creciendo desde 2009 y superó las 2 docenas de juicios por año, y está estancada desde 2011 en 20 procesos con condena por año.

En La Plata, hasta la sentencia en “Circuito Camps”, sólo 20 represores fueron condenados desde la reapertura de las causas. Cifra poco representativa para una zona represiva que contó con al menos 12 CCD coordinados tanto por la Bonaerense como por Ejército, la Armada y agentes civiles de Inteligencia o de grupos paraestatales como el CNU.

Es clara la necesidad de mayor acumulación  de los procesos hacia juicios por CCD o Circuito completos. Pensemos que Arana, Brigada y 5ta ya tienen 3 causas residuales, que forman parte de los 20 procesos en instrucción que hay sobre unos 80 represores más a la espera de ser juzgados. Ni siquiera eso es representativo del “Circuito Camps”.

Testigos, secuestros y revictimización

Los casos de sobrevivientes del Terrorismo de Estado amedrentados o directamente secuestrados para detener en el avance de las causas contra los genocidas nunca ha cesado. Demás está aclarar que ninguno de esos hechos ha sido investigado debidamente y todos continúan impunes.

No es sólo el caso de Jorge Julio López, quién inauguró 30 años después de iniciada la última dictadura la categoría de ex detenido-aparecido-desaparecido.

En diciembre de 2006 se dio el caso de Luis Geréz, testigo en una de las causas contra el represor Luis Patti, secuestrado durante 2 días en Escobar y aparecido en Garín con signos de tortura. En mayo de 2008 fue secuestrado  Juan Puthod, ex detenido en varios CCD en dictadura y militante de la Casa de la Memoria de Zárate, reaparecido 30 horas después sin intervención policial.

La causa por el asesinato de Silvia Suppo, ex detenida y querellante en varias causas contra los genocidas en Santa Fe, naufraga en la intencionada hipótesis policial del homicidio en ocasión de robo, mientras se oculta que gracias a su testimonio se logró condenar a seis represores en la provincia 3 meses antes del hecho. Y el secuestro y encierro por 2 días de Víctor Martínez, testigo presencial en julio de 1977 del asesinato (en un fingido accidente en la ruta) del obispo de San Nicolás Carlos Ponce de León, llevó esta modalidad a las calles del centro porteño en abril de 2011.

Este año hubo una tardía y tibia propuesta de la Cámara de Casación Penal, que prometió en la resolución N°20/2011 sobre testigos víctimas “arbitrar los medios necesarios para disminuir y/o evitar cualquier agravamiento en la condición psicológica de las víctimas”. Como consecuencia, la promocionada Acordada N°1 de 2012, habilitó medidas tan elementales como la posibilidad de reproducir en audiencia testimonios de otros juicios en soportes audiovisuales, sustituir el testimonio en persona por soporte audiovisual o por escrito, evitar divulgar datos personales de las víctimas y testigos, y no utilizar agentes de seguridad para notificarlos. En realidad estos conceptos sólo sugieren a los Tribunales un ideal de acción en cuestiones formales, sobre todo para acelerar los debates orales, cuestiones que si bien son importantes, no alcanzan para romper la estructura de impunidad que la propia instrucción infinita y fragmentada de las causas termina imponiendo como realidad.

Pero quien piense que la modalidad represiva del secuestro y desaparición como amedrentamiento terminó con la dictadura del ’76, o se reduce a los declarantes de las investigaciones reabiertas en esos casos, se equivoca. Alfonso Severo, testigo en el juicio por Mariano Ferreyra, fue secuestrado en octubre pasado. Su aporte a la investigación del caso es la denuncia del sitio, el manejo y la modalidad con que la patota de Pedraza guardaba y utilizaba armas. Pero no fue el primer testigo amedrentado en la causa de Mariano. El lunes una semana antes, José “Cacho” Andino, militante del Movimiento Teresa Rodríguez, denunció haber sufrido amenazas en Florencio Varela un día antes de declarar como testigo, ya que estuvo presente en la movilización de Barracas en el momento del ataque de la patota y es uno de los pocos testigos presenciales que vio que la patota tenía un arma larga. Ese dato sirvió para determinar que el día que mataron a Mariano hubo más armas que las que contempla el juicio.

Además, no podemos dejar de mencionar que durante los 9 años y medio de gobierno Kirchnerista, fueron secuestradas y desaparecidas por el aparato represivo del Estado, al menos 67 personas, entre los que se encuentran Mario Golemba (Misiones-2008), Luciano Arruga (La Matanza-2009), Daniel Solano (Choele Choel-2011) y Facundo Rivera (Córdoba-2012).

Porque estamos convencidos de que es imposible que el Estado proteja a los testigos si es socio de los criminales investigados, porque sabemos que la única protección posible es que los represores, torturadores, asesinos, cómplices y mafiosos de ayer y de hoy estén en la cárcel.

Porque 300 genocidas condenados en 9 años de juicios no es justicia, porque 3.700 jóvenes asesinados por el gatillo fácil no son excesos, porque 66 personas asesinadas por la represión directa a manifestaciones no son excepciones, y porque 196 desaparecidos por razones políticas y sociales no es democracia.

Impunidad biológica, la nueva impunidad 

 Durante este  juicio pusimos en debate la lentitud con que se avanzaba el proceso de las audiencias, dejando pasar horas en los cuartos intermedios y pasando las audiencias de muchos lunes y martes para las semanas siguientes. Así durante todo un año y medio el proceso judicial se realizó con tan poca celeridad que tres de los acusados murieron durante el juicio. Primero fue Rubén Paéz en febrero, uno de los jefes del Centro Clandestino de Detención de la Brigada de Investigaciones de La Plata; en mayo murió Alejandro Arias Duval, quien fue titular del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército, también fue reconocido en Comisaría Quinta. La muerte de Ibérico Saint Jean en octubre pasado confirmó al proceso “Circuito Camps” como el juicio con mayor cantidad de represores muertos impunes durante las audiencias. Estos tres genocidas, además, estarán ausentes en los juicios que se harán en la ciudad: “La Cacha” (Saint Jean y Arias Duval) y “Pozo de Banfield” (Saint Jean). A más de 9 años de caídas las leyes de impunidad son 314 los genocidas procesados muertos impunes contra 294 condenados. En este juicio cuya etapa de instrucción se inició hace 10 años ya hay 14 muertos a los que no podremos condenar.

Domiciliarias:

Un informe de 2011 de la Unidad Fiscal de coordinación y seguimiento de las causas contra los genocidas (dependiente del MPF) confirma que cuatro de cada diez represores procesados están excarcelados, es decir el 42 % de los 1800 encausados, cerca de 800 genocidas están procesados pero sin prisión preventiva.

Y agrega que el 40 % de los represores detenidos en estas causas tienen prisión domiciliaria. Esto es cerca de 400 genocidas. Mientras tanto miles de jóvenes pobres pasan más de dos años presos en cárceles donde existen las mismas prácticas que durante la dictadura, con la preventiva, sin tener acceso ni a un juicio.

Al comenzar el juicio, desde la querella de Justicia Ya! se exigió el fin de las prisiones domiciliarias para todos los acusados que se estaban yendo a sus casas libremente después de cada audiencia. Recién en Agosto de este año y luego de ampliar las acusaciones logramos que se revocaran la mayoría de las domiciliarias así fue que a 36 años Jaime Smart y Saint James cayeron presos por primera vez.

Genocidio

El poder dominante argentino en los 70` intentó borrar de raíz toda la acumulación política del pueblo argentino en experiencia organizativa y política. Los crímenes juzgados en este juicio fueron parte de un proceso más amplio que vivió la Argentina, un plan sistemático, ya probado y cuyas consecuencias planificadas de impunidad alcanzan al día de hoy y tienen como resultado no sólo las amenazas a testigos, abogados y jueces, sino la desaparición de JORGE JULIO LÓPEZ, hasta la fecha impune. No fueron delitos aislados sino que son parte de un plan sistemático de exterminio: un genocidio que se llevó a cabo como parte de un proyecto económico, político y social que tenía como objetivo cambiar la estructura del país, disciplinar y aumentar la explotación de la clase trabajadora, muestra de lo cual es que a un año de implantada la dictadura de Jorge Rafael Videla y su ministro José Alfredo Martínez de Hoz, los salarios reales sufrieron una de las mayores caídas de la historia nacional. Esto, a la vez que al mismo ritmo se redoblaban las ataduras con los países imperialistas. En pos de ese objetivo es que las Fuerzas Armadas y de Seguridad, auspiciadas, alentadas y sostenidas por otros sectores como el gran empresariado, la iglesia y jueces fueron la herramienta para aniquilar a otro grupo nacional. Afirmamos que una práctica social genocida es tanto aquella que colabora en el desarrollo del genocidio como aquella que lo justifica ideológicamente, sin embargo seguimos sin lograr que todos aquellos sectores culpables del genocidio sean juzgados.

Seguir mirando los procesos históricos en forma parcializada, simplista o directamente justificadora del plan de exterminio como se ha hecho desde el poder llevó a que a casi 30 años de terminada la dictadura, tengamos una ínfima cuota de justicia

Apropiación: el delíto que se continúa cometiendo

En el juicio se trataron los secuestros de 18 mujeres embarazadas, que tuvieron sus partos durante el cautiverio. En varios de los casos estos hijos fueron apropiados y hasta hoy no se les ha devuelto su verdadera identidad, entre estos los casos tratados en este juicio el de Ana Libertad, hija de Héctor Baratti y Elena de la Cuadra, Clara Anahí (hija de Diana Teruggi y Daniel Mariani), y otro que culpa del desguace no llegó a ser juzgado ya que es parte de la causa Quilmes es la hija de Silvia Isabella Valenzi y de Carlos López Mateo. Estas tres niñas así como cientos más que nacieron en cautiverio, continúan impunemente desaparecidas y apropiadas sin conocer su verdadera identidad.

En otros casos los hijos pudieron ser recuperados. El 15 de Abril de 1977, atada de pies y manos de un vehículo que se trasladaba hacia Pozo de Banfield, Adriana Calvo tuvo su parto; con el cordón umbilical colgando durante un lago rato, Teresa Mariana Laborde, con pocos minutos de vida yacía tendida en el piso del auto. A sus 35 años, su testimonio escalofriante se hizo eco en el juicio.

Compañera Adriana Calvo

presente

30.000 compañeros detenidos desaparecidos ¡presentes!

Sólo os pido una cosa: si sobrevivís a esta época, no olvidéis. No olvidéis a los buenos ni a los malvados. Reunid con paciencia los testimonios de quienes cayeron por ellos y por vosotros. Un buen día, el hoy será el pasado, y se hablará de una gran época y de los héroes anónimos que han hecho historia. Quisiera que todos supiesen que no hay héroes anónimos. Eran seres con nombres, con rostros, con deseos y esperanzas, y el dolor del último entre los últimos no fue menor al del primero, cuyo nombre se venerará. Desearía que todos ellos os sean próximos, como seres que hubierais conocido, como miembros de vuestra familia, como vosotros mismos.

Se ha exterminado a familias enteras de héroes. Venerad, al menos, a uno de ellos como si fuese un hijo o una hija, y sentios orgullosos de él como de un gran hombre que vivió para el porvenir. Cada uno de los que han servido fielmente al futuro y cayeron para que éste fuera hermoso, es una figura esculpida en la piedra. Y cada uno de los que con el polvo del pasado quisieron construir una barrera contra la inundación de la revolución, no es más que un figurín de madera podrida, aunque tenga los brazos cargados de galones dorados. Pero también es necesario observar a los figurines vivientes en su infamia e imbecilidad, en su crueldad y ridiculez, porque es material que nos alecciona para el futuro.

                                                                 REPORTAJE AL PIE DEL PAÍBULO

                                                                                   JULIUS FUCIK

 

NO A LA IMPUNIDAD DE AYER NI DE HOY

RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD A LOS JÓVENES APROPIADOS

CARCEL COMÚN PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS

JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS

APARICIÓN CON VIDA YA DE JORGE JULIO LÓPEZ

JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES DE SU SECUESTRO Y DESAPARICIÓN

 

Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada

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